Desde la Federación de Ong’s para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas manifestamos nuestro absoluto acuerdo con las declaraciones públicas realizadas en el transcurso de la pasada semana por Roberto Moro , titular de la SEDRONAR (1). Efectivamente, Argentina se encuentra en el peor momento de consumo de drogas de su historia.

Sin embargo, este diagnóstico estaría incompleto si no se señala con claridad que el sistema de organizaciones públicas, privadas y del tercer sector que ofrecen servicios de prevención y asistencia de las adicciones también se encuentra en uno de los peores momentos de su historia. Luego de por lo menos dos décadas de contradicciones, marchas, contramarchas y desidias institucionales varias, no se ha logrado establecer una política de Estado sustentable en el tiempo, ni definir una financiación del sistema de atención que garantice los recursos necesarios para su funcionamiento básico e indispensable. En lugar de políticas estables de largo plazo, se han desarrollado acciones esporádicas, desarticuladas y sin una mínima planificación estratégica que terminaron precarizando sin prisa pero sin pausa los programas de prevención y atención de las adicciones en todo el territorio nacional. En lugar de una red de servicios preventivos y asistenciales de calidad, sólida, diversa, y orgánicamente articulada, tenemos recursos humanos e institucionales con gran experiencia y capacidad de trabajo, dispersos, desconectados o débilmente vinculados a las políticas públicas, muchos de ellos en condiciones de penosa supervivencia.

Hay ejemplos que muestran con claridad la situación crítica que describimos. Uno de ellos es que Argentina es el único país en el mundo que hará desaparecer los dispositivos de Comunidad Terapéutica por ley para el año 2020 (2). Otro ejemplo: en la actualidad no existen a nivel nacional ni provincial normativas de habilitación para instituciones que brinden tratamiento en salud mental y adicciones. Es alarmante que esta situación se sostenga aún en el marco del decreto que declara la Emergencia en Adicciones a nivel nacional. Uno más: la provincia de Buenos Aires ha desmantelado en los últimos años la red de Ong’s que brindaban servicios de atención a personas drogodependientes y ha desfinanciado el sistema público de prevención y asistencia de las adicciones. Frente a esto la actual gestión del Ministerio de Salud aún no ha tomado intervención de ningún tipo.

Nuestros aportes:

Desde FONGA, con el apoyo de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT), venimos trabajando y realizando propuestas para redefinir los planteos que surgen de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 actualmente vigente. Perseguimos el objetivo de dar un marco de interpretación de la ley que valide el status y el lugar que las organizaciones de la sociedad civil ocupamos como efectores de servicios del sistema de salud, y que se reconozca la especificidad del trabajo que realizan las Ong’s en el campo de las drogodependencias. Este punto es de suma importancia para evitar que las normativas estatales obliguen a las Ong’s a funcionar en los términos de las instituciones del sistema médico tradicional (3) , que ya han demostrado sobradamente sus deficiencias estructurales para abordar el complejo problema de la drogodependencia.

Desde hace tiempo planteamos aportes y trabajamos temas en conjunto con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, SEDRONAR, y con la Subsecretaría de Determinantes Sociales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (ex SADA) para la elaboración de un marco normativo que permita habilitar recursos institucionales, terapéuticos y preventivos para el abordaje de las adicciones. Este proceso lleva ya largos meses, y pese a los avances y acuerdos alcanzados, inexplicablemente aún no se ha resuelto ni se ha promulgado ninguna normativa. Esta demora es tanto inadmisible como peligrosa, ya que impide el surgimiento y la validación de nuevos recursos terapéuticos es un contexto de creciente demanda de tratamiento (4).

Nuestra propuesta urgente

Nuestra propuesta se resume en dos demandas que conforman el núcleo de nuestro reclamo ante los organismos estatales:

1. Definir una Normativa de Habilitación de Establecimientos de Salud Mental y Adicciones que contemple la especificidad de las Ong’s que ofrecen servicios de atención integral a personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias en modalidades de intervención de bajo umbral de exigencia, comunitarias, ambulatorias y residenciales.

2. Reconocimiento de los dispositivos de Comunidad Terapéutica y demás modelos de atención residencial de adicciones como dispositivos multimodales claramente diferenciados del modelo monovalente psiquiátrico en salud mental, de las prácticas manicomiales, y del modelo médico tradicional.

Si no se resuelve el problema de las habilitaciones para Ong’s a la brevedad, todo intento de aplicar políticas públicas que ayuden a mejorar la situación para sacar a la Argentina del “peor momento de consumo de drogas de su historia” no podrá cumplir con sus objetivos, ya que se estará dejando de lado a uno de los sectores que más trabajan día a día en la recuperación de personas con drogodependencias.

FABIAN CHIOSSO – PRESIDENTE FONGA
Buenos Aires, 22 de mayo de 2017.-

 


NOTAS AL PIE
1. Link a las declaraciones del secretario Roberto Moro: http://www.infobae.com/sociedad/2017/05/16/la-sedronar-advirtio-que-la-argentina-esta-en-el-peor-momento-de-consumo-de-drogas-de-la-historia/

2. La ley 26657 prevé la sustitución de todos los dispositivos monovalentes de internación en salud mental (donde se incluyen las adicciones) para el año 2020. Se impuso una interpretación de este artículo que define a las Comunidades Terapéuticas como dispositivos monovalentes idénticos a los hospitales psiquiátricos, definición que FONGA  ha venido rechazando con argumentos contundentes sin que hasta el momento se haya tomado en cuenta esta posición.

3. Este reduccionismo del modelo bio-psico-social de las CT’s y otras Ong’s al modelo médico tradicional supone otro reduccionismo que implica considerar a las adicciones y sus problemáticas relacionadas como un mero problema de salud mental.

4. Esto tiende a favorecer el surgimiento de pseudo – programas que trabajan de manera ilegal, violando toda normativa de salud y derechos humanos, ofreciendo pseudo tratamientos con graves perjuicios para la salud de las personas que ingresan allí. Este fenómeno también se ha desarrollado y fortalecido debido a la ausencia de políticas públicas y de control específicas.